La paralización de docencia de la ADP contradice acuerdos firmados con el Ministerio de Educación

Los paros de docencia por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han sido una herramienta utilizada con frecuencia por el gremio en sus constantes protestas en busca de beneficios o en reclamos de situaciones que afectan a la comunidad educativa, sin embargo, esto viola acuerdos previamente establecidos.

En el último pacto firmado entre el Ministerio de Educación (Minerd) y la ADP, en junio de 2021 y ratificado en 2023 —aún vigente—, se establece que ambas partes deben comprometerse a mantener el diálogo en cualquier situación, sin afectar el proceso educativo.

"Mantener el diálogo en todo momento entre las partes, procurando el consenso democrático como instrumento para la solución de diferencias y la realización de acuerdos, de modo que no se afecten ni se atenten contra los procesos y espacios educativos, asumiendo en todo momento el diálogo constructivo como método para dirimir y resolver los inconvenientes que pudieran suscitarse en cualquier instancia del sistema educativo", dice el documento.

No obstante, esta cláusula se ha incumplido desde la firma del convenio, siendo la más reciente a raíz de los inconvenientes surgidos con el inicio del año escolar.

Al comenzar este período lectivo, la seccional de la ADP en Bonao suspendió la docencia en apoyo a una causa personal, respaldando al dirigente gremial Raúl Martínez, citado ante la justicia por una querella de difamación e injuria. El paro dejó sin clases a unos 27,000 estudiantes.

En San Juan, la ADP también convocó a un paro en el distrito escolar 02-06 para el pasado 1 de septiembre. Se cerraron 105 planteles para discutir en asamblea la situación de la infraestructura escolar, el traslado de docentes y los nombramientos de los nuevos, entre otros temas.

Ya la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de la Escuela había advertido, en un estudio, que en el primer cuatrimestre del año escolar 2024-2025, más de 1,400,000 estudiantes de 4,800 centros educativos públicos se vieron afectados por las huelgas de la ADP.

Por su parte, la Acción Empresarial para la Educación (Educa) subrayó que el cumplimiento del calendario escolar no debe ser negociable ni afectado por coyunturas de ningún tipo.

A través de un comunicado en el que fijó su postura sobre la paralización en Bonao, rechazó las interrupciones y afirmó que estas representan una vulneración al derecho a la educación de los niños y adolescentes. Además, indicó que el aula no debe ser un escenario de disputa en ninguna circunstancia.

¿Manifestación o violación a los estatutos?

Las manifestaciones de la ADP pueden ampararse en el artículo 48 de la Constitución, el cual establece que "toda persona tiene derecho a reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley", así como en un estatuto que respalda sus "planes de lucha".

Por ejemplo, en el capítulo 7, artículo 44 de su estatuto, se establece que los organismos de dirección del sindicato están facultados para "elaborar propuestas de planes de lucha en procura de solucionar las problemáticas que aquejan a los y las docentes y al propio centro educativo".

Sin embargo, sus lineamientos no mencionan expresamente la paralización de la docencia como un plan de lucha. Lo que sí establecen es que la responsabilidad de un educador es cumplir con la docencia del calendario escolar, algo que puede verse interrumpido con estas suspensiones.

La huelga es natural de los sindicatos

"La huelga es un proceso natural del sindicalismo, está dentro de los métodos y estilos de dirección, pero nosotros casi nunca llegamos a la huelga", señaló ayer Menegildo de la Rosa, secretario general de la ADP.

El gremialista explicó que la huelga, que no es lo mismo que una movilización, es un proceso en el cual el sindicato convoca a la interrupción de la docencia por un plazo determinado, siempre y cuando se haya agotado previamente un proceso de diálogo con las autoridades que no haya dado una respuesta concreta.

"Con la actitud que ha mantenido el actual ministro Luis Miguel De Camps en la mesa de diálogo, no se está convocando a ninguna actividad de movilización", puntualizó.

De la Rosa señaló que desde hace mucho el sindicato no convoca este tipo de huelgas, sino que han hecho llamado a movilizaciones, que es un plan de lucha con el que buscan llamar la atención de las autoridades.

"La huelga es un recurso aparte, un recurso extremo de la lucha. Nosotros estamos tratando con nuestros compañeros que la paralización sea la excepción. La movilización no necesariamente es una huelga, incluso se puede trabajar. Nosotros hacemos una actividad en la que decidimos trabajar hasta las diez de la mañana, por ejemplo", explicó el dirigente.

También aclaró que suele confundirse la huelga con las asambleas, indicando que muchas veces el gremio convoca a los docentes a una reunión para orientarlos sobre determinados procesos que los involucran, lo que, a su entender, no equivale a una huelga o paralización, sino que forma parte de las responsabilidades del sindicato.

Asimismo, desmintió que las paralizaciones en San Juan hayan dejado 105 escuelas sin docencia, explicando que solo una seccional del gremio convocó una asamblea para los docentes, por lo que no hubo clases.