Conoce las reglas del Minerd sobre el uso de celulares y otros dispositivos en centros educativos

El Ministerio de Educación (Minerd) emitió este miércoles la Orden Departamental 11-2026, una normativa que regula el uso de celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos en los centros educativos públicos y privados del país.

La medida establece restricciones distintas según el nivel educativo y busca promover una formación digital "más segura, equilibrada y enfocada en el bienestar integral de los estudiantes".

La iniciativa también tiene el objetivo de reducir distracciones, mejorar la convivencia escolar y proteger la salud emocional de niños y adolescentes.

Entre las principales disposiciones de la normativa figura la prohibición total del uso de celulares en el nivel inicial. Asimismo, se regula el uso de pantallas para los estudiantes más pequeños, quienes no podrán superar los 20 minutos diarios.

Restricciones en primaria

En primaria, los estudiantes tampoco podrán utilizar celulares durante la jornada escolar, salvo casos excepcionales previamente autorizados por el centro educativo.

No obstante, los padres que consideren necesario que sus hijos lleven un dispositivo deberán justificarlo formalmente ante la escuela. En esos casos, el aparato permanecerá bajo custodia formal del centro educativo durante toda la jornada escolar.

Excepciones por salud, discapacidad y emergencias

La normativa contempla excepciones específicas para estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), quienes podrán utilizar dispositivos tecnológicos como herramientas de comunicación, accesibilidad o aprendizaje.

También se permitirá el uso de equipos electrónicos a estudiantes con enfermedades crónicas o autoinmunes que requieran monitoreo médico, siempre que exista una certificación correspondiente.

Asimismo, la orden garantiza el acceso a dispositivos en casos de emergencia.

Uso supervisado en el nivel medio

En secundaria, los celulares y dispositivos electrónicos sólo podrán utilizarse con fines pedagógicos y bajo supervisión docente.

Cada centro educativo tendrá la facultad de establecer horarios, espacios y condiciones específicas para su uso.

En ese sentido, en los recreos y áreas comunes de los centros educativos también podría estar prohibido el uso de celulares.

Protección de privacidad y uso de redes sociales

La normativa prohíbe grabar, almacenar o difundir imágenes, audios o videos de cualquier miembro de la comunidad educativa sin consentimiento previo y expreso.

También queda prohibido utilizar redes sociales personales para publicar contenido relacionado con estudiantes, docentes o personal escolar sin autorización.

Regulaciones para docentes y personal escolar

La orden también establece disposiciones para el personal docente y administrativo.

Los maestros deberán mantener sus dispositivos en modo silencioso o vibración durante las clases y evitar su uso para asuntos personales que interfieran con el proceso educativo.

Además, el Minerd señala que el personal debe actuar como modelo de conducta en el uso ético y responsable de la tecnología.

Escuelas podrán retener dispositivos

Los centros educativos estarán autorizados a retener temporalmente dispositivos utilizados en violación de las normas internas.

La orden además aclara que las escuelas no serán responsables por pérdidas, robos o daños de equipos llevados incumpliendo el reglamento.

Enfoque en salud emocional y bienestar

La orden reconoce que el uso excesivo de tecnología puede provocar síntomas de adicción, dificultades de atención y agotamiento físico y emocional.

Por ello, exige que el uso de recursos tecnológicos contemple pausas activas y respete el desarrollo integral de los alumnos.

Autonomía y reglas por centro

La disposición establece lineamientos generales, pero obliga a cada centro educativo a crear sus propios protocolos internos y normas operativas específicas.

Esto permitirá que cada institución ajuste las reglas a su infraestructura disponible y a su capacidad de supervisión particular.

La disposición deberá ser implementada por todos los centros educativos en un plazo máximo de 90 días calendario.