Escándalos de corrupción que se desvanecieron con el tiempo en los tribunales

Los casos Peme, Renove, Sun Land y Odebrecht, sobre el uso de fondos públicos para comprar la "paz social", los sobrecostos en la compra de vehículos y los sofisticados esquemas de sobornos transnacionales, se han diluido con el tiempo en los tribunales del país.

En ellos se agotó todo el catálogo de la impunidad: retiro de acusación por parte del Estado, indultos presidenciales, sentencia de "no ha lugar" y absoluciones basadas en la "insuficiencia de pruebas".

Estos casos han mostrado un patrón persistente en la justicia dominicana y que estos son los pilares que sostienen la percepción de que, cuando se enfrenta al poder, tienden a desvanecerse.

Peme: el manual del desistimiento

El caso PEME (Programa Eventual Mínimo de Empleo) es, posiblemente, el manual de instrucciones sobre cómo un expediente de corrupción masiva puede evaporarse en los tribunales.

Con una estafa contra el Estado estimada en RD$1,427 millones, representa el ejemplo más fehaciente de la "impunidad negociada".

La iniciativa, nacida en el primer mandato de Leonel Fernández (1996-2000), buscaba frenar las protestas sociales mediante la entrega de ayudas económicas a jóvenes de barrios conflictivos.

Tras ser sometidos durante el gobierno de Hipólito Mejía, el proceso dio un giro radical en 2007 y es que el entonces fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, retiró la acusación contra Diandino Peña, Haivanjoe Ng Cortiñas, Simón Lizardo y el empresario Noe Camacho Ovalles, alegando falta de pruebas.

Aunque, por instrucciones del exprocurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, inicialmente se mantuvo la acusación contra Luis Inchausti, su hermana Grecia Peguero y León Antonio López Mata.

Sin embargo, posteriormente el Ministerio Público decidió retirar los cargos en pleno juicio de fondo, dictando el tribunal el archivo definitivo.

El Plan Renove: De la condena al indulto

Iniciado en el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004) para renovar la flota de transporte público, el Plan Renove terminó en un proceso judicial que involucró a altos funcionarios y empresarios por irregularidades superiores a los RD$1,800 millones.

En 2005, se dictaron penas de entre seis meses y cuatro años de prisión contra 10 de los 14 imputados, incluyendo a figuras como Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz, Casimiro Ramos y Antonio Marte, bajo cargos de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores.

Tras años de apelaciones y una ratificación de condenas en 2008, el cierre del caso no fue judicial, sino ejecutivo.

El 22 de diciembre de 2008, el presidente Leonel Fernández emitió el decreto 847-08, concediendo el indulto a los principales condenados alegando razones de "paz social", ante las amenazas de paros nacionales por parte del sector transporte.

Sun Land y el blindaje de la "inadmisibilidad"

Lo que comenzó como un préstamo no autorizado por el Congreso Nacional terminó siendo una lección de tecnicismo legal.

En 2006, el Estado, vía la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), firmó 19 pagarés con la empresa Sun Land Group por US$130 millones para obras públicas, obviando el Poder Legislativo.

La Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible la acción elevada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo.

A pesar de que se reconoció que el contrato era inconstitucional, se bloqueó el fondo del asunto alegando la falta de "calidad" de los accionantes.

El precedente de Félix Bautista

Ligado a esta estela de decisiones, el entonces juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte, Alejandro Moscoso Segarra, dictó un auto de "no ha lugar " a favor del senador Félix Bautista y otros seis implicados.

El magistrado consideró que no podía haber una nueva persecución por hechos ya investigados (principio de Non bis in idem), favoreciendo a todo el grupo a pesar del pedido de prisión preventiva del Ministerio Público.

Odebrecht: La absolución total

Aunque fue un escándalo continental, en República Dominicana el caso Odebrecht tuvo un sabor especialmente amargo. Representa el capítulo más reciente de esta saga de desvanecimientos.

A pesar de la confesión de la multinacional sobre el pago de US$92 millones en sobornos en el país, el expediente se desmoronó.

De una lista masiva de 14 implicados de alto nivel, el proceso decantó en apenas dos condenas iniciales (Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa) sentenciados a ocho y cinco años de prisión, respectivamente, por los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y confirmada por la Tercera Sala de la Corte de Apelación de esa jurisdicción.

Empero, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia anuló la decisión y declaró su absolución, así como la del abogado Conrado Pittaluga, al determinar que no existieron violaciones a los derechos fundamentales.

Empero, la decisión fue recurrida en revisión ante el Tribunal Constitucional (TC), por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Sin embargo, el TC ratificó la sentencia impugnada, validando los argumentos de la Segunda Sala de la Suprema, la cual estableció que el Ministerio Público no logró identificar ni individualizar a los supuestos funcionarios que habrían recibido los sobornos.

La falta de auditorías forenses profundas y la exclusión de figuras clave garantizaron que la estructura de poder detrás de los sobornos quedará prácticamente intacta.

Mientras nuevos expedientes como Calamar, Coral, Camaleón y el caso que involucra al ex procurador Jean Alain Rodríguez, transitan por los tribunales, la sombra del pasado sirve como recordatorio de que en el país el paso del tiempo y el poder siguen siendo los mejores abogados defensores.

Involucrada en caso Coral

Otro caso es el de la señora Rosa Antonia Disla, una imputada en el caso Coral que fue separada del proceso principal, a quien el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una sentencia absolutoria.

Fue acusada de actuar como testaferro de su hijo, el coronel Rafael Núñez de Aza, implicado en el entramado de corrupción, donde figura además el mayor general Adan Cáceres y la pastora Rossy Guzmán, entre otros.

El tribunal, con el voto disidente de uno de sus integrantes, adoptó la decisión tras rechazar el dictamen presentado por los fiscales de la PEPCA, quienes solicitaron una condena de cinco años de prisión.

Cabe destacar que, anteriormente, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional había condenado a Rosa Antonia Disla a cinco años de prisión suspendida.

No obstante, la sentencia fue anulada por la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación, que ordenó la celebración de este nuevo juicio que hoy culmina con su absolución.

La acusación se centraba en la presunta vinculación de Disla con el lavado de activos mediante un inmueble en Monte Plata y su participación en las empresas Rawell Importadores y Randa Comercial, señaladas como proveedoras del Estado.