Tribunal Constitucional silencia sobre el caso de la Corte IDH en su 14 aniversario

El Tribunal Constitucional (TC) realizó ayer dos actos solemnes para conmemorar su décimocuarto aniversario, en los cuales el pleno de ese órgano aprovechó la ocasión para destacar los avances alcanzados que le permitieron superar el desempeño registrado el pasado año.

El presidente del TC, Napoleón Estévez, le hizo un llamado de atención al Poder Judicial por continuar asignando sobrenombres a los casos y emitió explicaciones sobre algunos dictámenes controvertidos publicados durante 2025.

No obstante, Estévez decidió no incluir en su discurso de rendición de cuentas, presentado en una audiencia en la Suprema Corte de Justicia, una reacción a uno de los principales temas discutidos en los últimos días que vinculan al TC: La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Desde el pasado 14 de enero, dirigentes políticos han asegurado que el canciller dominicano, Roberto Álvarez, tiene la intención de que el Gobierno reanude el reconocimiento de las competencias de la CIDH.

Este es un órgano contencioso, que forma parte de la Comisión de los Derechos Humanos, derivada del acuerdo internacional la Convención Americana.

En 2014, los entonces magistrados del TC entregaron al país la sentencia 256-14 con la cual declararon inconstitucional la adhesión del Estado dominicano a la CIDH, debido a que el acuerdo no fue autorizado de manera previa por el Congreso Nacional.

Ese veredicto es la razón por la cual el Instituto Duartiano ha manifestado en los últimos días estar convencido de que República Dominicana mantiene sin validación a la corte internacional.

Sin embargo, el debate se ha extendido luego de que Elizabeth Rodríguez, quien asegura desempeñarse como Defensora Pública Interamericana en representación del Estado dominicano ante la CIDH, enviará el pasado sábado un comunicado al Listín Diario.

En la misiva, Rodríguez aclara que los dominicanos nunca dejaron de tener un asiento en las mesas de trabajo de ese órgano judicial.

Ante esas declaraciones, el presidente de los duartianos, Wilsón Gómez, respondió calificando de mentirosa a la abogada por haber dicho que el Estado continúa integrando la CIDH.

Además, advirtió que, de ser cierto, quedaría en evidencia el desacato del Poder Ejecutivo a una sentencia constitucional, obviando que la Carta Magna las considera como “definitivas e irrevocables”.

¿Por qué deploran a la CIDH?

Uno de los primeros en declarar su oposición a la CIDH fue el expresidente del TC, Milton Ray Guevara, quien dirigía el pleno constitucional cuando fue emitida la sentencia.

“Esa corte le dijo a la República Dominicana que (permitiera a los hijos de extranjeros indocumentados tener la nacionalidad). Con esa decisión, esa corte se constituyó en enemiga de los dominicanos. Si eso se diera, tendrá a este pueblo de pie”, dijo la pasada semana a reporteros.

Asimismo, el Instituto Duartiano afirmó que la hostilidad de la CIDH contra las autoridades dominicanas es el motivo por el cual el reconocimiento a la competencia de la entidad, perteneciente a los Organismos de Estados Americanos (OEA), no debe ser reanudado.

"Vamos a asumir enteramente la defensa de nuestra patria y evitar que se nos coloque de nuevo bajo el manto de la CIDH, que ha sido muy hostil y pretende abrir campo para que todo extranjero irregular sea objeto y beneficio de nuestra nacionalidad", resaltó.

Mientras tanto, el encargado de gestionar las relaciones diplomáticas del país, Roberto Álvarez, los demás funcionarios del Gobierno y magistrados del TC, se mantienen en silencio, sin responder a las inquietudes públicas expresadas por sectores políticos y sociales.

Casos judiciales sin sobrenombres

También, el presidente del TC insistió en la importancia de la sentencia 0225/25, la cual prohíbe el uso de apodos para nombrar a los expedientes judiciales en el país.

El presidente de esa corte, magistrado Napoleón Estevez, afirmó que la colocación de sobrenombres a los entramados de malhechores que conocen los tribunales del territorio nacional representa una violación.

“Asignar sobrenombres o motes a determinados expedientes resulta contrario a los valores constitucionales y a los principios del proceso penal”, al decirlo, se encontraba justo al frente de la procuradora general de la República, Yeni Berenice.

Estevez recordó que no es necesario hacerlo, ya que en el sistema judicial dominicano se aplica la numeración antes de realizar la litigación penal.

“No es necesario para la litigación penal pues en nuestro sistema judicial los expedientes son identificados con números sin discriminación”, expresó.

Por otro lado, precisó que durante 2025 el TC emitió 1,812decisiones en diversas áreas del derecho, que equivalen a 1,809 expedientes resueltos, superando el registro de 1,249 alcanzado en 2024.

A su lado estaba la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, así como los demás magistrados: Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Vargas Guerrero, Sonia Díaz Inoa, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres, además de la secretaria Grace Ventura Rondón.