Ministerio de Justicia instalará oficinas de derechos humanos en cárceles de RD

El Ministerio de Justicia instalará oficinas de derechos humanos en todas las cárceles de República Dominicana, informó en exclusiva el titular de la institución, Antoliano Peralta.

La decisión surge luego de que el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, solicitara formalmente la creación de una oficina de derechos humanos dentro de cada recinto carcelario.

“Sí. Nosotros estamos de acuerdo con eso”, afirmó Peralta sobre la petición planteada el miércoles durante el Desayuno de Listín Diario, moderado por el director del periódico, Miguel Franjul, y el subdirector Fabio Cabral.

Santana explicó que la oficina tendrá como objetivo principal “vigilar que se respeten los derechos humanos” de los privados de libertad, pero también del personal penitenciario.

“Yo fui a cárceles en Comayagua (Honduras), donde el personal penitenciario vivía en peores condiciones que los presos”, señaló el funcionario. “En Honduras y aquí ha pasado”.

Indicó, sin embargo, que las violaciones también pueden producirse durante las visitas familiares o conyugales, en la falta de traslado oportuno a audiencias, en la alimentación o en la asistencia médica.

“Hay derechos humanos que tienen que ver con alimentación, derechos humanos del paciente”, sostuvo Santana.

“No llevar a un interno a su audiencia oportunamente es una violación a sus derechos”, agregó Peralta.

Sobre la demora en los traslados de los presos a los tribunales, Santana informó que ahora “todo es responsabilidad” del sistema del Ministerio de Justicia, por lo que el traslado será más eficiente.

“Nosotros no únicamente tenemos necesidades de combustible o de vehículos o de chóferes. Nosotros tenemos necesidades de alimento para los privados de libertad. No es cualquier cosa. De hecho, es la mayor parte del presupuesto”, dijo.

Antes y después del sistema

Santana afirmó que esta iniciativa marca un antes y un después en el sistema penitenciario dominicano.

“Este tema penitenciario, con esta nueva impronta del gobierno, realmente le pone los pantalones largos al compromiso del Estado con el tema de los derechos humanos”, dijo.

Explicó que en una democracia el sistema funciona con contrapesos. “Si hay un sistema político en la denominada versión de la democracia, eso se basa en los contrapesos. Contrapeso quiere decir que hay un peso. Entonces hay un contrapeso”.

Recordó que en el país han existido organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, pero criticó que no existiera una del Poder Ejecutivo.

“Surgió por primera vez algo que se llamaba la UDU, Unión de los Derechos Humanos. Después vino la Comisión de los Derechos Humanos y hay varias, hay unos Derechos Humanos sin Fronteras, pero nada gubernamental”, precisó Santana

Según explicó, existía el contrapeso, pero no el “peso” institucional del Estado.

“Ahora tenemos un peso. Ahora hay una persona encargada específicamente de los derechos humanos por el gobierno. Es la primera vez. No es un detalle cualquiera”, subrayó.

Santana reveló que en el pasado intentó introducir estructuras similares en las cárceles a través de organizaciones no gubernamentales (ONG).

“Yo traté de introducir alguna estructura de los derechos humanos en las cárceles. Lo intenté e inicié colocándola: una comisión de los derechos humanos, de esas oenegés”, dijo, pero indicó que el esfuerzo no prosperó.

“Son ONG. ¿Cuál es la obligación que tienen? La que ellos quieran. Tú no le puedes exigir más allá que lo que ellos quieran. Entonces, finalmente yo no pude concretar eso”, dijo.

Se instalaron experiencias piloto en la cárcel La Victoria y en la cárcel del 15 de Azua. “Eso se murió”, afirmó.

Con la nueva modalidad, la oficina dependerá del Estado y tendrá capacidad de supervisión permanente.

“Y que vigile la parte del gobierno que está dentro de las cárceles, que es el personal penitenciario. Que lo vigilen para que no le falte el respeto, para que garantice el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad”, dijo.

A su juicio, la medida coloca al país en una posición importante: “Vamos a hacer el único país que dentro de sus cárceles tiene una oficina de derechos humanos del gobierno para vigilar que se respeten los derechos humanos de los presos”.

Durante el conversatorio, Franjul preguntó si bajo este nuevo sistema continuará la figura del ‘preboste’, tradicionalmente asociada a palizas, extorsiones y chantajes, sea ejercida por un militar o por un interno con poder dentro del penal.

“Esa figura en la reforma feneció”, respondió Santana.

Retorno institucional

El director de Servicios Penitenciarios explicó que el traslado del sistema bajo la sombrilla del Ministerio de Justicia representa un “retorno” institucional.

Recordó que históricamente el Ministerio de Justicia existió, fue suprimido y restituido en distintos momentos desde la independencia.

Durante las últimas seis décadas, señaló, el sistema penitenciario funcionó bajo el Ministerio Público.

“En estos 62 años, el sistema penitenciario era una especie de cenicienta. No porque hubiese una voluntad expresa de perjudicarlo, sino porque el que está investigando, persiguiendo, litigando en los tribunales, no podía estarse encargando de soltar preso, buscar preso, que la familia, los sueldos de los empleados”, explicó.

A su juicio, esa dualidad impidió consolidar la reforma penitenciaria. “Eso nunca dio pie con bola”, afirmó.

Ahora, explicó, el tema ha sido “rejerarquizado” al estar vinculado al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, como órgano de apoyo al sistema judicial.

“El poder ejecutivo se encarga por la vía del Ministerio de Justicia en el caso penitenciario. El tema penitenciario tiene una cotidianidad que necesita presteza”, indicó.

El funcionario agregó que el nuevo esquema otorga autonomía funcional, jurídica, administrativa y financiera a la Dirección de Servicios Penitenciarios.