Nuevo Código Procesal Penal y Salud Digital: el desafío de construir evidencia confiable a través del Expediente Único de Salud

Por Yudelka Batista:

Viceministra de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud.

La promulgación de la Ley 97-25, que instituye el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana, representa un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la modernización de nuestras instituciones. Más allá de su impacto en el sistema de justicia, esta reforma nos invita a reflexionar sobre la necesidad de que todas las instituciones públicas continúen fortaleciendo sus capacidades para responder a una sociedad que demanda cada vez más transparencia, rendición de cuentas, protección de derechos y decisiones sustentadas en evidencia.

Desde la perspectiva del sector salud, esta evolución normativa tiene implicaciones particularmente relevantes. La forma en que se genera, conserva, protege y utiliza la información sanitaria adquiere una dimensión estratégica que trasciende la prestación de servicios y se vincula directamente con la garantía de derechos fundamentales, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.

La historia clínica ha sido tradicionalmente concebida como un instrumento asistencial indispensable para la atención de los pacientes. Sin embargo, en el contexto actual, también constituye uno de los principales documentos que permiten reconstruir objetivamente los hechos cuando una autoridad competente requiere verificar actuaciones relacionadas con la prestación de servicios de salud.

Por ello, la calidad, integridad y trazabilidad de la información clínica adquieren hoy una importancia sin precedentes.

El nuevo Código Procesal Penal fortalece principios esenciales que encuentran una conexión natural con la transformación digital del sector salud. El artículo 26 establece el principio de legalidad de la prueba, disponiendo que los elementos probatorios solo tendrán valor cuando sean obtenidos e incorporados conforme a las garantías y procedimientos previstos por la ley. Por su parte, el artículo 170 refuerza la exclusión de pruebas obtenidas en violación de derechos fundamentales o mediante procedimientos contrarios al ordenamiento jurídico.

Estos principios plantean un desafío institucional que va mucho más allá de los tribunales. Nos obligan a garantizar que la información relevante para la protección de derechos sea íntegra, verificable, segura y confiable desde el momento mismo en que es generada.
Es precisamente aquí donde la transformación digital en salud se convierte en una herramienta estratégica para el fortalecimiento institucional.
La implementación del expediente clínico electrónico permite registrar de manera cronológica, segura y verificable cada interacción entre el sistema de salud y el ciudadano. Cada anotación queda asociada a una fecha, una hora y un profesional responsable. Los sistemas digitales generan huellas de auditoría que permiten conocer quién accedió a la información, qué modificaciones fueron realizadas y en qué momento ocurrieron.

Esto fortalece la autenticidad de los registros clínicos y proporciona mecanismos objetivos para validar la información cuando sea necesario.
No obstante, la transformación digital en salud no depende únicamente de la disponibilidad de tecnología. Su éxito está estrechamente vinculado a la capacidad de generar cambios en la cultura organizacional y en las prácticas cotidianas de quienes prestan los servicios de salud. La experiencia internacional demuestra que la adopción de herramientas como el expediente clínico electrónico, la receta electrónica o los sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas requiere procesos continuos de capacitación, acompañamiento y gestión del cambio.

Los profesionales de la salud desempeñan un papel central en esta transformación. Son ellos quienes, mediante el uso adecuado de estas herramientas, convierten los datos en información útil para la atención de los pacientes y para la toma de decisiones del sistema. Por ello, uno de los grandes desafíos de la salud digital consiste en lograr que la tecnología sea percibida no como una carga administrativa adicional, sino como un instrumento que mejora la calidad de la atención, reduce la duplicidad de esfuerzos y fortalece la seguridad del paciente.

Lo que hemos visto en los países que ha sido éxitos y uno de mis mayores aprendizajes y más importantes es que la transformación digital no ocurre cuando se instala una plataforma, sino cuando los profesionales incorporan la tecnología a su práctica diaria.
A su vez, la consolidación del récord único de salud representa uno de los avances más importantes que puede experimentar el sistema sanitario dominicano. Un ciudadano no debería tener múltiples historias clínicas aisladas e inconexas en distintos establecimientos. Debe contar con una trayectoria asistencial integrada que permita conocer su recorrido a través de los diferentes niveles de atención, garantizando continuidad, oportunidad y calidad en los servicios.

A mi juicio, uno de los riesgos más importantes para cualquier sistema de salud es que la información permanezca fragmentada y dispersa entre instituciones que no pueden comunicarse entre sí. Esa fragmentación limita la continuidad de la atención, dificulta la toma de decisiones oportunas y reduce la capacidad del sistema para responder de manera eficiente a las necesidades de los ciudadanos.

La interoperabilidad de los sistemas de información hace posible esta visión.
La Estrategia Nacional de Salud Digital impulsa precisamente la capacidad de que la información acompañe al paciente durante todo su proceso de atención, independientemente del establecimiento donde reciba servicios. Esto no solo mejora los resultados sanitarios, sino que también fortalece la capacidad institucional para reconstruir de manera objetiva y verificable las actuaciones realizadas dentro del sistema.

Asimismo, el artículo 335 del nuevo Código Procesal Penal reconoce la relevancia de los documentos y de las evidencias registradas por medios tecnológicos como elementos susceptibles de valoración dentro de un proceso judicial. En un entorno cada vez más digital, este aspecto adquiere especial importancia para el sector salud.
La calidad de los sistemas de información deja entonces de ser únicamente una cuestión tecnológica para convertirse en un componente esencial de la transparencia institucional y de la protección de los derechos de las personas.

Por esta razón, la transformación digital no puede limitarse a la digitalización de documentos o a la adquisición de plataformas informáticas. Debe estar acompañada de una sólida estrategia de gobernanza de datos.

Quienes hemos participado en procesos de modernización institucional sabemos que uno de los mayores desafíos no es la tecnología en sí misma, sino lograr que las organizaciones adopten nuevas formas de trabajo y de gestión de la información. La experiencia internacional demuestra que los proyectos de salud digital tienen éxito cuando combinan innovación tecnológica con fortalecimiento institucional y capacitación continua del personal.

La gobernanza de datos constituye el conjunto de principios, normas, responsabilidades y mecanismos que garantizan la calidad, seguridad, interoperabilidad, protección y uso adecuado de la información sanitaria. Implica definir claramente quién accede a la información, bajo qué criterios, para qué fines y bajo qué estándares de seguridad.

En otras palabras, la gobernanza de datos permite asegurar que la información conserve su integridad desde el momento en que es generada hasta su utilización para fines asistenciales, regulatorios, estadísticos, científicos o judiciales.

Esta capacidad resulta esencial para fortalecer la confianza de la ciudadanía y la seguridad jurídica tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud.
De igual forma, un sistema de información robusto protege a quienes diariamente tienen la responsabilidad de brindar atención sanitaria. Los médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud necesitan contar con herramientas que les permitan documentar adecuadamente sus actuaciones y disponer de evidencia objetiva sobre las decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones.

Un expediente clínico completo, oportuno y verificable protege los derechos de los pacientes, pero también constituye una garantía para los prestadores de servicios de salud. En este proceso, la rectoría del Ministerio de Salud Pública adquiere una importancia estratégica.

La Ley General de Salud 42-01 confiere al Ministerio la responsabilidad de dirigir, regular y conducir el Sistema Nacional de Salud. En el ámbito digital, esta función se traduce en la definición de estándares nacionales, mecanismos de interoperabilidad, políticas de gobernanza de datos, criterios de seguridad de la información y lineamientos para la protección de la confidencialidad de los datos de salud.

La construcción del récord único de salud, la adopción de estándares nacionales de intercambio de información, la consolidación del expediente clínico electrónico y el fortalecimiento de la gobernanza de datos son expresiones concretas del ejercicio de esta rectoría sanitaria.

Se trata de garantizar que la transformación digital avance de manera ordenada, equitativa y alineada con el interés público, evitando fragmentaciones que limiten el potencial de las inversiones realizadas por el Estado.

Esta visión responde además a una de las líneas estratégicas impulsadas por el presidente Luis Abinader, quien ha colocado la modernización del Estado, la transformación digital, la transparencia y la innovación pública como pilares fundamentales para el desarrollo nacional. La construcción de instituciones más eficientes, interconectadas y orientadas a resultados constituye una política transversal que impacta positivamente todos los sectores de la administración pública.

En el sector salud, el ministro Víctor Atallah ha asumido esta visión como una prioridad estratégica de gestión y como parte del legado institucional que esta administración procura consolidar para las futuras generaciones. Bajo su liderazgo, la salud digital ha pasado de ser una aspiración tecnológica a convertirse en una política pública concreta orientada a fortalecer la rectoría sanitaria, mejorar la calidad de los servicios, impulsar la interoperabilidad, consolidar el expediente clínico electrónico y avanzar hacia una gestión basada en evidencia.

La transformación digital en salud no es únicamente una apuesta tecnológica. Es una política pública que fortalece derechos, protege a los pacientes, respalda a los profesionales de la salud, robustece la rectoría sanitaria y contribuye a que las instituciones respondan con mayor transparencia y eficacia a las exigencias de una sociedad moderna.

En un contexto donde la evidencia, la trazabilidad y la confianza adquieren cada vez mayor relevancia, la salud digital se consolida como uno de los pilares fundamentales para construir el sistema de salud del futuro.

Porque cuando hablamos de salud digital, hablamos de confianza. Hablamos de transparencia. Hablamos de derechos. Hablamos de instituciones más fuertes. Y, sobre todo, hablamos de un Estado con mayores capacidades para servir a las personas y responder con responsabilidad a los desafíos del presente y del futuro.
La historia demuestra que las grandes transformaciones de los países no se construyen únicamente a través de obras visibles, sino también mediante el fortalecimiento de las instituciones que garantizan derechos, generan confianza y acercan al Estado a la ciudadanía.

La transformación digital del sistema de salud forma parte de esa visión de futuro. Es una apuesta por un Estado mas transparente, mas eficiente y mas capaz de responder a las necesidades de las personas con información confiable, decisiones basadas en evidencia y servicios de mayor calidad.

La República Dominicana vive un momento de profundas reformas orientadas a modernizar la gestión pública, fortalecer la institucionalidad y consolidar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. En esa dirección, la salud digital constituye una de las herramientas poderosas para traducir esa visión en resultados concretos para la gente.

El liderazgo del presidente Luis Abinader ha colocado la innovación, la transformación digital y la modernización del Estado como pilares estratégicos para el desarrollo nacional. En el sector salud, el ministro Víctor Atallah ha asumido este compromiso con determinación, impulsando una agenda de transformación que busca dejar capacidades instaladas, fortalecer la rectoría sanitaria y construir un sistema de salud preparado para los desafíos del siglo XXI.

El verdadero legado de una gestión no se mide únicamente por lo que inaugura, sino por las instituciones que fortalece, los derechos que protege y las capacidades que deja construidas para las próximas generaciones. La salud digital, el récord único de salud, la interoperabilidad y la gobernanza de los datos representan precisamente esa visión de Estado: una transformación que trasciende los períodos de gobierno y que tiene como propósito garantizar un sistema de salud más integrado, más humano, más transparente y más confiable para todos los dominicanos.

Porque al final, la tecnología es solo el medio. El objetivo es mucho más ambicioso: construir un Estado que inspire confianza, proteja derechos y coloque a las personas en el centro de cada decisión.