La muerte del adolescente Darlin Mercado Reyes, ocurrida durante una intervención policial en la cañada de Guajimía, no solo volvió a sacudir la credibilidad de la Policía Nacional. También irrumpió en un momento crítico para la cuestionada reforma de esa institución: el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional está a punto de perimir en el Senado si no es aprobado antes del 26 de julio, justo cuando el caso ha reabierto el debate sobre los controles internos, la salud mental de los agentes y la capacidad del Estado para frenar los abusos policiales.
La coincidencia no es menor. Mientras el expediente de Darlin expone fallas en un operativo, cuestiona la permanencia en servicio de un cabo con dos suspensiones previas y empuja a la familia del menor a demandar a la institución, en el Congreso duerme una de las piezas centrales de la prometida reforma policial: un proyecto que lleva siete meses bajo estudio en una comisión especial del Senado y que, si no avanza en los próximos días, quedará sepultado al cierre de la actual legislatura ordinaria.
Una reforma al borde del vencimiento
La iniciativa fue depositada el 8 de diciembre de 2025 y ya agotó casi todo su margen constitucional. Como fue introducida en la pasada legislatura, solo puede permanecer viva durante dos períodos ordinarios consecutivos. El reloj, por tanto, corre hacia el 26 de julio, cuando concluye la actual legislatura. Si no se aprueba antes de esa fecha, el proyecto perimirá, salvo que el Poder Ejecutivo convoque una legislatura extraordinaria para rescatarlo.
La paradoja es evidente: el país discute otra muerte a manos de un agente policial justo cuando una de las reformas llamadas a corregir esas distorsiones está a punto de morir en el Congreso sin haber sido aprobada.
Lo que propone el proyecto
Uno de los puntos más sensibles del proyecto toca de lleno el tipo de casos que hoy vuelve a poner sobre la mesa el expediente Darlin. La propuesta establece que la salud mental de los policías dejaría de ser un requisito exclusivo de ingreso y pasaría a convertirse en una condición evaluable durante toda la carrera policial.
El artículo 177 dispone que la Policía deberá realizar monitoreos de salud mental a todos sus miembros, como mínimo cada dos años. Además, ordena un seguimiento especial cuando un agente haga uso de la fuerza o participe en hechos traumáticos asociados al servicio. Es decir, no se trataría solo de un examen de entrada, sino de un sistema de vigilancia psicológica permanente para quienes portan armas y actúan en escenarios de alta tensión.
La iniciativa también contempla sanciones severas para quienes se nieguen a esas evaluaciones. El artículo 227 considera una falta muy grave la negativa injustificada a someterse a pruebas de confiabilidad que permitan verificar la capacidad psicofísica del agente para prestar servicio, y el artículo 231 establece que, si esa conducta se comete con dolo, la sanción será la destitución.
La tragedia que vuelve a interpelar la reforma
El caso de Darlin Mercado Reyes ha terminado por darle rostro y urgencia a esos artículos. El adolescente murió en medio de una actuación policial que, según las reconstrucciones conocidas el fin de semana, estuvo marcada por errores operativos, decisiones cuestionables y un uso letal de la fuerza. El cabo José Francisco Moreta Heredia, imputado por la muerte del joven, acumulaba dos suspensiones previas dentro de la Policía, un dato que ha agravado el cuestionamiento sobre los filtros internos de la institución y sobre la supervisión de sus miembros.
Ya no se trata solo del disparo mortal. El caso ha crecido hasta convertirse en una radiografía de las debilidades que la reforma prometía corregir: seguimiento insuficiente a agentes con antecedentes disciplinarios, fallas en el control del uso de la fuerza, protocolos mal ejecutados y una cultura operativa que sigue dejando episodios trágicos.