El engranaje detrás de la operación Onco14: Comisiones, doble facturación e igualas simuladas

La estructura operativa del Instituto Oncológico Regional del Cibao, un centro de tercer nivel administrado por la Asociación Sin Fines de Lucro Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, funcionaba bajo estatutos que dictaban que todos los cargos de su Junta Directiva debían ejercerse de manera estrictamente honorífica y sin percibir remuneración.

Sin embargo, una investigación penal coordinada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la Fiscalía de Santiago determinó que, entre octubre de 2018 y octubre de 2025, se ejecutó un esquema sistemático que desvió un monto aproximado de 148,660,116.70 pesos dominicanos en beneficio de los principales directivos salientes y empresas asociadas.

Durante este período de gestión, el Seguro Nacional de Salud canalizó hacia el Patronato un total de 3,754,064,167.76 pesos dominicanos en fondos públicos destinados a cubrir las atenciones médicas de pacientes oncológicos del régimen subsidiado en las 14 provincias del Cibao.

Al momento de intervenirse la administración, el centro presentaba un desabastecimiento crítico, cuentas por cobrar al Seguro Nacional de Salud por 104,275,183.41 pesos dominicanos y una deuda acumulada con laboratorios y casas farmacéuticas de 404,214,629.81 pesos dominicanos, con facturas vencidas de hasta 18 meses.

maniobras fraudulentas

El expediente detalla alteraciones directas en los procesos clínicos, la dispensación de fármacos y la gestión de espacios hospitalarios:

Quimioterapias con dosis incompletas: En el área ambulatoria se ordenaba dividir el contenido de un solo frasco de medicamento de quimioterapia entre dos pacientes diferentes.

Posteriormente, el sistema tramitaba la facturación de un frasco completo de manera individual por cada paciente al Seguro Nacional de Salud, cobrando el seguro dos veces por una sola dosis dispensada.

Sustitución de medicamentos patentados: Las facturas emitidas a los afiliados y a la aseguradora estatal consignaban medicamentos biológicos originales de marcas patentadas, pero la farmacia interna despachaba equivalentes genéricos de menor costo para retener la diferencia económica ilícita.

Comercialización de muestras gratuitas: Se prohibió al personal de enfermería y medicina entregar de forma gratuita las muestras de medicamentos suministradas por visitadores médicos. Los fármacos de alto costo que no lograban venderse bajo esta modalidad eran retenidos en un antiguo archivo climatizado hasta su fecha de vencimiento.

Falsificación documental en indicaciones: Se habilitó un "Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas", donde se contrató incluso a personal sin titulación médica concluida, con el fin de transcribir recetas de pacientes referidos de centros privados. Sin realizar evaluaciones, se usaban sellos de internistas, ginecólogos, neurólogos y ortopedas para agregar diagnósticos falsos, estudios y laboratorios innecesarios con el único fin de facturarlos al Seguro Nacional de Salud.

Privatización ilícita de habitaciones: Las habitaciones de ingreso común cubiertas por el seguro médico se modificaron para albergar una sola cama.

El centro cobraba por ellas tarifas de entre 3,500.00 y 5,000.00 pesos dominicanos por noche en efectivo, forzando a los pacientes sin recursos a ingresar a una lista de espera indefinida o a recibir quimioterapia en los pasillos y emergencias. En paralelo, la habitación 204 se retiró del uso oncológico y se reservó exclusivamente para el postoperatorio de cirugías estéticas privadas.

Tráfico irregular de sustancias controladas: Inspecciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios los días 11 de julio de 2023 y 26 de septiembre de 2025 detectaron la venta ambulatoria de drogas controladas sin permiso, dispensación de uso hospitalario fuera de canales autorizados y medicamentos vencidos desde el 2022.

Se comprobó un patrón de recetas de forma de donaciones reiteradas por un anestesiólogo que eran desviadas a personas con adicción.

El esquema de desvío corporativo, sobornos y triangulación

Para la extracción del dinero y el blanqueo de los capitales del Patronato, el entramado implementó diversas modalidades comerciales y financieras:

*El esquema del 3% de las Administradoras de Riesgos de Salud: Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, vicepresidenta, cedieron la facturación de las Administradoras de Riesgos de Salud del Oncológico a la firma externa Vargas Lora & Asociados, luego Vargas Guzmán Accounting Center, propiedad de la propia Vargas Sánchez. A través de este mecanismo de autocontratación, la firma retenía el 3% de los montos pagados por las aseguradoras al Patronato y el 0.5% de los honorarios de los médicos, logrando un desvío de 100,557,821.55 pesos dominicanos.

* Drenaje por gastos personales: Se detectó el uso de fondos del Patronato para pagar internamientos clínicos privados de la directiva por 41,032.39 pesos dominicanos, gastos de familiares por 140,000.00 pesos dominicanos, medicamentos particulares por 100,000.00 pesos dominicanos, enfermería privada por 12,000.00 pesos dominicanos y la cancelación de un préstamo personal de Dilcia Vargas con la Cooperativa Ideal por 216,098.46 pesos dominicanos.

* Uso de Internet Banking y viáticos: El presidente eliminó el sistema de cheques de doble firma mancomunada con el tesorero e instauró transferencias electrónicas operadas únicamente desde su dispositivo personal. Bajo el concepto de "Gastos de Representación", se autoasignó pagos mensuales progresivos de entre 100,000 y 600,000 pesos dominicanos, acumulando 25,410,655.26 pesos dominicanos, además de transferencias por viáticos, viajes, hoteles y restaurantes sin facturas válidas ni aprobación del consejo por 20,336,972.50 pesos dominicanos.

* Desvíos a la Fundación Tócate RD: De acuerdo al órgano acusador se traspasaron 1,761,635.00 pesos dominicanos de las cuentas del Patronato para financiar actividades artísticas, tardes de té, rotulación y tapicería completa de autobuses de la Fundación Tócate RD, entidad privada presidida por la actual esposa del presidente, Luisa Yasiris Guzmán de Lora. Guzmán de Lora recibió adicionalmente 300,000.00 pesos dominicanos simulados bajo una plaza de gerente de marketing sin contrato formal.

* Contrabando y reventa de papel "Glossy": Utilizando las exoneraciones aduaneras y fiscales del Patronato humanitario, se gestionaron importaciones masivas de papel fotográfico de alto brillo, tintas e impresoras. El producto ingresaba al país sin impuestos y Héctor Lora se lo vendía a precio subvaluado a la compañía Gestión Integral Tecnológica GAC, SRL, la cual posteriormente le revendía esos mismos insumos con sobreprecio al propio Patronato. Esta triangulación desvió de forma acumulada 887,940,410.11 pesos dominicanos.

* Extorsión y retorno de comisiones: Héctor Lora condicionó los pagos atrasados al proveedor de medicamentos Sean Dominican, SRL, que registraba una supuesta cuenta por pagar de 92,320,900.00 pesos dominicanos sin firmas ni sellos de inventario, a cambio de comisiones en efectivo de entre el 12.5% y el 25% del valor de cada factura. Para ocultar el rastro, la empresa emitió cheques rotulados como "Aporte a Patronato Cibaeño Contra el Cáncer" que el imputado depositaba de forma irregular en la cuenta marginal número 20, destinada exclusivamente a los ingresos en efectivo de la cafetería y fotocopiadora del hospital. La operación sumó 6,548,971.25 pesos dominicanos.

* Triangulación de códigos: Durante los allanamientos se confiscaron autorizaciones de servicios donde la entidad Clínica Rosa Benita, SRL, propiedad en Dajabón de la directiva imputada Thelma Sadi Rodríguez, facturaba atenciones médicas al Seguro Nacional de Salud utilizando de manera irregular el código de prestador del Patronato Cibaeño.

Sabotaje, resistencia y coacción violenta

El 6 de octubre de 2025, la Asamblea General del Patronato eligió por unanimidad una nueva junta directiva encabezada por el Doctor Yván Alexis Mercader Mateo. En respuesta, la directiva saliente incoó demandas civiles de nulidad y trabó oposiciones de entrega de valores ante los bancos BHD, Reservas y Cooperativa La Altagracia, paralizando los fondos operativos destinados a los enfermos de cáncer.

El 15 de octubre de 2025, el Ministerio Público y la fuerza pública tuvieron que ejecutar la expulsión material de las instalaciones de los imputados ante su negativa a desalojar el domicilio social.

Al presentarse los auditores forenses de la firma P. Armando Núñez & Asociados, los implicados borraron los registros digitales, archivos de nómina y componentes del sistema informático contable, una maniobra de sabotaje técnico certificada por peritos en sistemas.

Las investigaciones determinaron que la contabilidad institucional real se operaba fuera del hospital, en un centro financiero instalado en la residencia de Dilcia Vargas Sánchez.

El expediente fáctico concluye con denuncias de coacción grave. El empleado del Oncológico, Ernesto Enrique Valdez, declaró bajo fe de juramento que Héctor Lora se reunió con él en su casa y le ofreció 100,000.00 pesos dominicanos en efectivo a cambio de que sustrajera expedientes ocultos de las gavetas presidenciales.

Tras la negativa del trabajador, este recibió llamadas de una encargada de la Casa de Acogida de la fundación y de Luisa Yasiris Guzmán de Lora, advirtiéndole que poseían un video de un altercado suyo en el área de copiado para chantajearlo.

Días después, un desconocido abordó a Valdez dentro del hospital oncológico y le notificó que Héctor Lora había ofrecido la suma de 20,000.00 pesos dominicanos en el mercado informal a cambio de que le propinaran "20 apuñaladas", instándolo a cuidarse.

Conclusión: La solicitud judicial del Ministerio Público

Ante la gravedad del perjuicio sistémico al patrimonio estatal y la salud pública, la de la destrucción de evidencias digitales y el riesgo manifiesto de obstrucción e intimidación física a los testigos del proceso, el Ministerio Público ha presentado formalmente ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago una solicitud de Declaratoria de Complejidad del Caso y la imposición de Prisión Preventiva como medida de coerción idónea y proporcional contra Héctor Antonio Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez y Luisa Yasiris Guzmán de Lora.

Las calificaciones jurídicas provisionales imputadas en la instancia corresponden a los delitos de Asociación de Malhechores conforme a los artículos 265 y 266 del Código Penal, Soborno según el artículo 177, Chantaje en base al artículo 400, Estafa en perjuicio del Estado Dominicano por el artículo 405, Abuso de Confianza por el artículo 408, Daño, Alteración de Datos y Sabotaje Informático según los artículos 10 y 11 de la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Comercialización Irregular de Sustancias Controladas por el artículo 4 de la Ley 50-88, Delitos Graves contra la Ley General de Salud 42-01 en sus artículos 28, 132, 153, 154 y 155, y Lavado de Activos conforme a los artículos 2, 3, 7, 9 y 33 de la Ley 155-17.