Por Eduard Victoria Gelabert
En los últimos años, la República Dominicana ha experimentado avances significativos en la persecución de la corrupción administrativa. La actuación del Ministerio Público ha evidenciado voluntad de investigar y someter ante los tribunales a figuras que antes parecían intocables. Ese paso fortalece el Estado de derecho.
Pero la credibilidad ciudadana no se consolida únicamente con expedientes y acusaciones formales. La sociedad espera resultados concretos y sanciones proporcionales al daño causado al erario. Cuando procesos que involucran miles de millones de pesos concluyen con penas consideradas benignas o se extienden durante cinco o seis años antes de llegar a juicio de fondo, la percepción pública se resiente.
La revisión del Código Procesal Penal y el Código Penal en torno a las garantías procesales y a las sanciones, es algo que necesitamos de manera apremiante. El debido proceso es un pilar esencial de toda democracia. Pero si los códigos de justicia transmiten la sensación de que protege excesivamente los “derechos” del imputado mientras la sociedad queda sin reparación efectiva, el mensaje que se envía es que en nuestro país no existe un verdadero régimen de consecuencias.
La democracia no se limita al ejercicio electoral, se sostiene sobre la confianza en sus instituciones. Esa confianza depende de que la justicia no solo actúe, sino que concluya los procesos con decisiones firmes, oportunas y ejemplarizantes.
La República Dominicana ha dado un paso importante al demostrar voluntad de perseguir la corrupción. El desafío ahora es completar el proceso: que cada caso cerrado reafirme ante la ciudadanía que en este país la ley se cumple y la corrupción tiene consecuencias reales.