Washington, EE. UU. — La Administración del presidente Donald Trump anunció una nueva interpretación jurídica que busca obligar a los estados a colaborar con las autoridades federales en la identificación y reporte de inmigrantes en situación irregular, bajo la advertencia de posibles sanciones económicas.
La medida establece que los estados podrían enfrentar la pérdida de fondos federales destinados a programas de asistencia social si no cumplen con determinados requerimientos de información al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Entre los programas que podrían verse afectados figuran la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), ambos considerados componentes importantes de la red de protección social para familias de bajos ingresos, personas de edad avanzada y ciudadanos con discapacidades en Estados Unidos.
La nueva interpretación modifica el alcance de una opinión jurídica emitida en 1998 por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia. Hasta ahora, las obligaciones de colaboración con las autoridades migratorias estaban dirigidas principalmente a las agencias estatales encargadas de administrar determinados programas.
Con la nueva disposición, el Gobierno federal amplía esa responsabilidad y sostiene que los estados también deben colaborar en el reporte de personas que se encuentren ilegalmente en el país.
Funcionarios del Departamento de Justicia defendieron la medida como parte de la política migratoria de la actual administración y argumentaron que los recursos públicos destinados a sectores vulnerables no deben utilizarse para favorecer, directa o indirectamente, la permanencia irregular en territorio estadounidense.
La disposición podría enfrentar desafíos legales. Organizaciones y gobiernos estatales han cuestionado anteriormente medidas similares de la Administración Trump, algunas de las cuales han sido llevadas ante los tribunales.
El nuevo pronunciamiento se suma a la estrategia de endurecimiento de las políticas migratorias impulsada por el Gobierno de Trump y abre un nuevo escenario de posibles disputas entre Washington y los gobiernos estatales.