Por: Eduard Victoria Gelabert
República Dominicana es un país privilegiado por la naturaleza: abundancia de agua, tierras fértiles, recursos minerales, biodiversidad, población joven y una posición geográfica estratégica. Sin embargo, a pesar de ese potencial, el progreso sigue siendo más lento y desigual de lo que debería. La pregunta es: ¿qué nos frena?
Muchos analistas coinciden en que nuestra principal limitación no es económica, ni cultural, ni geográfica, sino institucional. Desde la independencia, el país heredó estructuras de poder diseñadas para concentrar privilegios, primero en manos de élites coloniales y luego en élites nacionales que, durante décadas, reprodujeron la misma lógica extractiva: controlar el Estado para beneficiarse del Estado.
Esa relación entre poder político y poder económico se ha mantenido como un acuerdo implícito: los empresarios buscan la protección, los permisos y las oportunidades que ofrece un Estado grande y abarcador; los políticos, por su parte, necesitan del financiamiento y las conexiones empresariales para llegar al poder. Así se forma un círculo de conveniencias que excluye al que no pertenece a él, limitando la competencia, debilitando la innovación y reduciendo las oportunidades reales para los emprendedores y los jóvenes.
El problema no es que existan intereses; eso ocurre en todos los países. El problema es que en la República Dominicana las instituciones han sido históricamente demasiado débiles para contener esos intereses. Como resultado, se ha creado una especie de oligarquía político-económica, donde el acceso al poder vale más que la productividad, y donde muchos negocios prosperan no por mérito, sino por conexiones.
El caso más reciente, SENASA, es un ejemplo claro de cómo esa colusión puede transformarse en un entramado criminal. Sin embargo, también revela un cambio importante: por primera vez en mucho tiempo, el gobierno no encubre, sino que expone, investiga y deja que la justicia actúe. En un país donde los fiscales deben sobre-demostrar la culpa de políticos y empresarios, porque muchas leyes se hicieron a su conveniencia, este giro es significativo.
República Dominicana tiene todo para avanzar más rápido. Pero para lograrlo, necesitamos instituciones fuertes que rompan con el viejo orden y permitan que el éxito dependa del esfuerzo, no de la cercanía al poder. Solo así podremos convertir nuestro potencial en verdadero desarrollo.