Santo Domingo. – El Frente Amplio reclamó al Gobierno del presidente Luis Abinader cumplir con lo dispuesto en el artículo 327 del Código Tributario (Ley 11-92) y en su Reglamento de Aplicación No. 139-98, cuyos artículos del 97 al 107 establecen la obligación de realizar un ajuste anual por inflación para preservar el valor real de los ingresos y evitar que los asalariados carguen con una presión fiscal injusta.
La organización recordó que la última indexación fue aplicada en 2017 y que, desde entonces, los tramos del Impuesto sobre la Renta (ISR) permanecen congelados, a pesar de los incrementos sostenidos en el costo de la vida.
“El Gobierno ha violado reiteradamente una disposición expresa de la ley, afectando directamente a los trabajadores y a las clases medias, cuyos salarios se han visto alcanzados por el impuesto sin que sus ingresos reales hayan mejorado”, señaló la entidad política.
Inflación acumulada y deterioro del ingreso real
El Frente Amplio denunció que las alzas constantes en los precios de los alimentos, medicamentos y servicios esenciales han deteriorado las condiciones de vida de la población, ya que la inflación acumulada desde 2017 supera el 45 %, mientras los salarios y el umbral exento del ISR permanecen invariables.
Según la organización, esto ha provocado que miles de empleados paguen hoy impuestos sobre ingresos que apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
La dirigente política del Frente Amplio calificó de inaceptable que el Gobierno reconozca públicamente la justicia de la indexación —como lo han hecho el presidente Abinader y el ministro de Hacienda, Magín Díaz— y aun así la mantenga suspendida año tras año en las leyes de presupuesto.
“Cumplir con la ley no es una opción política, es una obligación del Estado. No puede hablarse de estabilidad macroeconómica si se sostiene a costa del empobrecimiento de las familias trabajadoras. Abinader y Magín Díaz confiesan que la indexación es justa y necesaria, pero siguen castigando el bolsillo del pueblo mientras protegen los privilegios empresariales”, expresó.
Reclamo de justicia fiscal y social
El Frente Amplio sostuvo que el debate sobre la indexación salarial y tributaria debe asumirse desde una perspectiva de justicia social y no como un dilema fiscal, pues el sacrificio no puede recaer siempre sobre los mismos sectores.
“Mientras las grandes exenciones a grupos empresariales continúan intactas, se penaliza el ingreso del trabajador que gana poco más de 34 mil pesos mensuales. La comida sube, los pasajes suben, las medicinas suben, pero el Estado se hace el ciego ante la realidad del pueblo trabajador”, añadió la organización.
Finalmente, el Frente Amplio reiteró su llamado a que el Gobierno restablezca de inmediato el mecanismo de ajuste por inflación dispuesto en la Ley 11-92 y su reglamento, y adopte medidas urgentes para proteger el poder adquisitivo de la población, garantizando que el crecimiento económico se traduzca en bienestar y dignidad para todos.
por: Amaury Reyna