Tras más de 139 años de vigencia del Código Penal de 1884, la República Dominicana promulgó el pasado 3 de agosto de 2025 una nueva versión de la norma que solo acogió sanciones penales para los violadores.
Lejos de cerrar la discusión, la reforma ha reavivado viejos debates: desde la propuesta de introducir la castración química hasta la exclusión de dos de las tres causales del aborto.
Servio Tulio truena
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, planteó que la sociedad debe reflexionar sobre la posibilidad de aplicar la castración química a agresores sexuales, tras la violación múltiple contra una joven de 21 años en Villa González.
"Debe de llevar a la reflexión a toda la sociedad porque también son de estos casos que ponen a uno a pensar si en hechos como esos no procedería la castración química", declaró Castaños.
El jurista recordó que el Código Penal vigente contempla penas de hasta 30 años de prisión en casos de asociación de malhechores y violación sexual, pero señaló que episodios como este, además de aberrantes, "han despertado niveles de morbo en redes sociales al difundirse de manera pública, lo que aumenta la gravedad de la situación".
Aunque aclaró que históricamente ha rechazado la castración química por razones constitucionales, admitió que hechos similares "llaman a repensar" su incorporación.
Centenas de violaciones en 2025
Al citado hecho se agregan datos no menos impresionantes. Según los registros de la Procuraduría General de la República, citados por Diario Libre, en lo que va de 2025 se han registrado más de 600 denuncias de violación sexual en todo el territorio nacional, una cifra que muestra la persistencia y gravedad del problema.
Las provincias de Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal concentran la mayor cantidad de casos.
En Ecuador se propone la castración
La discusión en República Dominicana se desarrolla en paralelo a un giro aún más radical en Ecuador. El presidente Daniel Noboa presentó el pasado 11 de julio de 2025 una reforma constitucional que permitiría aplicar la castración química a violadores condenados.
La iniciativa fue enviada a la Corte Constitucional, paso previo antes de su debate en la Asamblea Nacional.
Según el texto enviado, se plantea modificar el artículo 393 de la Constitución para facultar a la Asamblea a regular la aplicación de este mecanismo exclusivamente en casos con sentencia condenatoria ejecutoriada.
La propuesta también incluye la creación de un registro confidencial de agresores sexuales, con el fin de restringir su acceso a entornos relacionados con menores de edad.
El Ejecutivo ecuatoriano ha señalado que existen referentes internacionales: países como Estados Unidos, Polonia, Rusia, Corea del Sur e Indonesia aplican la castración química en casos de reincidencia, mientras que en Chile y Colombia funcionan registros públicos de ofensores sexuales.