Por qué la mejora de salarios y uniformes no basta para cambiar la conducta policial.
Un joven de 19 años muerto a manos de un agente en Herrera. El presidente lo llama "un animal" y exige todo el peso de la ley. La frase alivia la indignación ciudadana; pero no responde la pregunta de fondo: ¿por qué, cinco años después de anunciada, la reforma policial sigue sin cambiar lo único que el ciudadano puede verificar con sus propios ojos, el trato en la calle?
El gobierno exhibe cifras reales: miles de agentes graduados bajo el Plan 20 Mil, cooperación con España, Chile y Colombia, una tasa de homicidios en descenso. Son logros administrativos. Pero mientras el proyecto de Ley Orgánica de la Policía —depositado en el Senado desde diciembre— apenas supera la lectura inicial y corre riesgo de perimir el 26 de julio, la ciudadanía sigue midiendo la reforma por lo que ve: abordajes y apresamientos sin protocolos, videos virales de abusos, denuncias de allanamientos irregulares y ausencia de una cámara de video de uso obligatorio que proteja al ciudadano y al agente, etc. Dos relojes que no se sincronizan: el institucional, lento y normativo; el de la calle, inmediato y visceral.
La causa no es solo jurídica. Es que la reforma ha invertido en uniformes, escuelas y salarios, pero no ha resuelto el núcleo real del oficio policial: quién merece portar la autoridad del Estado y cómo se le exige rendir cuentas por ejercerla?
Cinco pilares que la reforma no puede seguir postergando:
Mérito real, no antigüedad ni cuota política. Ascensos, destinos y mandos deben decidirse por evaluación de desempeño verificable, no por lealtad interna. Mientras el ascenso dependa de favoritismos y/o conexiones y no de quién actúa correctamente, ningún reglamento cambiará la conducta en la calle.
Capacidad técnica medible. Manejo de armas, marco legal de uso de la fuerza, primeros auxilios y gestión de escena deben certificarse con exámenes periódicos y consecuencias reales —no solo talleres de socialización— para quien no aprueba.
Disciplina con ciclo corto y público. Cada denuncia de abuso necesita expediente público con plazo máximo de resolución preliminar. La sanción que llega meses después de un escándalo mediático no corrige nada; solo confirma la impunidad que la ciudadanía ya sospecha.
Autocontrol emocional como competencia evaluable. Un agente que dispara por pánico, ira o desprecio no es un accidente aislado: es un fallo de selección y de entrenamiento. El manejo emocional bajo presión debe evaluarse con la misma rigurosidad que el tiro al blanco, con protocolos de desescalada obligatorios antes de autorizar o hacer uso de las armas.
El respeto a la autoridad es un pilar de la convivencia democrática, pero ese respeto debe construirse sobre la legalidad, el profesionalismo y el ejemplo. De la misma manera que los ciudadanos están llamados a obedecer las leyes y colaborar con las autoridades, quienes ejercen la función policial tienen el deber de actuar dentro del marco constitucional, respetando los derechos fundamentales y el debido proceso.
Sin estos cinco pilares —mérito, técnica, disciplina, autocontrol y cumplimiento de la ley — cualquier ley, por bien redactada que esté, seguirá siendo papel. La reforma dominicana no necesita más anuncios: necesita que el ciudadano de a pie pueda, por fin, notar la diferencia en el próximo retén.
"La ley es exigente, pero sigue siendo la ley y obliga por igual a todos en sus diversos ámbitos de acción".
