La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dejó inauguradas las modernas instalaciones de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Unidad Especial de Investigación (UEI).
Durante el acto, Reynoso sostuvo que esto es una muestra del fuerte compromiso que mantiene el Ministerio Público para enfrentar las redes delictivas que se lucran con el trasiego ilegal de indocumentados y la explotación laboral o sexual de seres humanos.
Subrayó que estas nuevas oficinas, ubicadas en la calle Roberto Pastoriza número 2, casi esquina José Ortega y Gasset, en el sector Naco, del Distrito Nacional, no son simplemente "un edificio bonito", sino un escudo estratégico diseñado para desmantelar las corporaciones criminales que se lucran con la libertad humana.
Bajo la premisa de que "no existe un mercado más oscuro que aquel que pone precio a la libertad", Reynoso presentó también un nuevo modelo operativo que busca cerrar definitivamente las brechas de la impunidad en el país.
Dijo que la migración ilegal, y más oscuramente la comercialización de seres humanos, representa hoy uno de los desafíos más importantes para nuestra seguridad y defensa como también para las condiciones de vida de millones de dominicanos.
La magistrada explicó que el Ministerio Público ha transformado su visión para enfrentar delitos que han mutado hacia formas más complejas.
"Durante demasiado tiempo la persecución se limitó a una visión del caso a caso. Pero la realidad criminal ha mutado; quienes se lucran del dolor ajeno funcionan como verdaderas corporaciones criminales", sentenció Reynoso.
Resaltó que el Ministerio Público eficientiza su respuesta al invertir en mejorar las condiciones de los fiscales y colaboradores de la PETT, para contrarrestar con base a inteligencia, estructura y tecnología cada manifestación del crimen organizado que desarrollan estas estructuras.
Sostuvo que este enfoque ya ha permitido la ejecución de más de 34 operaciones contra el crimen organizado desde el año 2020, logrando condenas de hasta 20 años en procesos emblemáticos como operación Frontera, Catleya, Iguana y la exitosa operación Atlántico, en Sosúa, municipio de la provincia Puerto Plata.
Resaltó que, en el caso de Sosúa, el esfuerzo del Ministerio Público ha llevado a diversos sectores a que declaren a ese municipio libre de la explotación sexual comercial.
Asimismo, advirtió sobre las nuevas manifestaciones del delito, como la cibertrata y el cibertráfico, donde los depredadores operan detrás de pantallas.
"El crimen evoluciona, pero nuestra determinación es más rápida. Dudo que su interés tecnológico sea mayor que el nuestro".
La procuradora recordó a todos los miembros del Ministerio Público y a los integrantes de las distintas agencias que “siempre que hacemos un proceso contra tráfico de personas, vamos por las estructuras, perseguimos a todos por igual, sin importar el rango, sin importar la posición económica, ideología política ni de ninguna naturaleza”.
“Nuestro compromiso es con la seguridad, nuestro compromiso es con la soberanía de la República Dominicana. La soberanía de República Dominicana es intocable, de esto que no le quepa la menor duda a nadie”, enfatizó Reynoso.
La magistrada destacó el trabajo incansable de los fiscales y técnicos, señalando que "el crimen no descansa y nosotros no podemos darnos el lujo de darle tregua".
“Me atrevo a decirlo y a decirlo públicamente, que hay una coordinación sin precedente entre el Ministerio Público y las distintas agencias del Estado que trabajan seguridad, defensa e inteligencia”, externó, al señalar que no habrá escapatoria a quienes incurran en el delito de trata y tráfico de personas.
En la inauguración estuvieron presentes Faride Raful, ministra de Interior y Policía; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y la procuradora de corte, Johanna Bejarán, titular de la PETT y de la UEI, así como el periodista Miguel Franjul, coordinador del Observatorio de Políticas Migratorias.
Además, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte, Danissa Cruz, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República.
La bendición del edificio estuvo a cargo de Víctor Tavárez, de la parroquia Sagrada Familia, quien elevó una plegaria en favor de que las unidades puedan rendir resultados.