La noche del viernes 5 de abril, el presidente de Ecuador ordenó el asalto a la embajada mexicana en Quito, para "atrapar" al exvicepresidente Jorge Glas, violando así importantes normas internacionales.
El exvicepresidente fue condenado por los delitos de asociación ilícita y cohecho agravado en conexión con la trama Odebrecht, por los que fue sentenciado a seis y ocho años de prisión respectivamente. En noviembre de 2022, Glas salió de prisión después de cuatro años y medio de cárcel tras un recurso de hábeas corpus que presentó su abogado, y que le otorgó la libertad provisional por cumplimiento parcial de su condena.
Valiéndose de ese recurso legal, logró ingresar a la Embajada de México en Ecuador, donde solicitó asilo político. Posteriormente, el gobierno del presidente López Obrador se lo concedió.
La embajada es un instrumento fundamental para la conducción de las relaciones entre los estados, y su inviolabilidad es crucial para mantener la confianza entre naciones.
Dicho esto, nos preguntamos: Debe una embajada proteger a un delincuente condenado por los tribunales del país donde está establecida? Acaso no es eso una injerencia en los asuntos internos de ese país?
Nada debe justificar la violación de las normas y de los derechos internacionales, pero también éstos deben estar al servicio de la justicia y no a la protección de los delincuentes.
"La inviolabilidad de las embajadas se tambalea cuando alberga a un condenado"