Santo Domingo. -En una entrevista publicada en el periódico "El Dinero", la presidente de ProCompetencia, Maria Elena Vásquez, está convencida de que “las acciones en ProCompetencia influyen directamente en el bolsillo de todos los consumidores y usuarios”. Lo afirma porque cuando esa institución identifica una falla en el mercado, que es una práctica anticompetitiva, lo que se hace es evitar que los compradores finales salgan perjudicados, pues no sólo reciben mejores precios, sino también una calidad superior. Vásquez Tavares llama a la población a interesarse más por los temas de competencia en el mercado, ya que esa es una institución que no sólo trabaja con los agentes que venden un producto ofrecen un servicio.
En este orden, señala que la libre competencia garantiza mayor variedad de productos, más innovación, mejor calidad, más inversión de las empresas en la productividad y, por supuesto, también más fuentes de empleo. Destaca que el Estado también se beneficia que haya un mercado que funcione, pues compra a mejores precios, traduciendo esos recursos en beneficio de la población.
Otro aspecto que destaca, además del derecho de la competencia en el ámbito de los informes de abogacía, es todo lo relacionado con la promoción de la Ley de Defensa de la Competencia. En este orden, refiere, se impartieron 32 capacitaciones que incluyeron instituciones públicas, academias, gremios y asociaciones empresariales.
“Esto es para nosotros formar en materia de competencia a los ciudadanos, los agentes económicos y las instituciones públicas, porque las instituciones públicas también compran y venden. En ese proceso de promoción se enseñan lo que son los mandatos de la ley 42-08. ¿Cómo denunciar ante ProCompetencia? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Cuáles son las sanciones que se podría establecer en caso de incurrir en una práctica anticompetitiva?
Y hemos estado en este proceso porque eso es un mandato de nuestra norma y con eso trabajamos para prevenir es la conducta anticompetitiva”, explica.
Según detalla, otra parte de la abogacía de la competencia está conformada por los estudios económicos. Sólo en 2022, indica, se elaboró uno sobre las
compras y contrataciones públicas, ya que representan cerca del 31% del Presupuesto del Estado. Afirma que como entidad estatal tiene que velar por que se den con transparencia y se respete la libre competencia, con el objetivo de que no haya colusión. Vásquez Tavares refiere que es justamente en los
procesos de contrataciones públicas donde debe haber mayor transparencia. Recomendó que ProCompetencia participe de manera preventiva en los procesos de elaboración del pliego de condiciones para evitar la colusión, ya que “ahí es donde se bate el cobre”.
Sobre el nivel de conciencia que tienen los agentes del mercado respecto a la importancia de ProCompetencia, Vásquez Tavares entiende que esa es, aún,
“una de nuestras grandes debilidades, por no decir la más grande”. Considera que el desconocimiento de los agentes económicos y de la sociedad en su conjunto, sobre la importancia que tiene esa institución, es un reto, ya que juega un rol trascendental para lo que es el desarrollo del país. Esto así, sostiene,
porque los agentes económicos deberían estar conscientes de la importancia de ProCompetencia para que haya más empleos, que los consumidores reciban productos a más bajo precio, con mejor calidad y variedad. Asegura que es justamente por eso que su gestión se ha embarcado en la creación de una cultura de libre y leal competencia, tratando de que los ciudadanos y actores del mercado conozcan la norma y el rol de ProCompetencia. Resaltó
que es importante seguir generando confianza para que todos sepan que en esa institución los derechos están garantizados.
Respecto a las barreras de entradas que pueden identificarse con facilidades, reconoce que en República Dominicana es necesario trabajar en la simplificación de trámites. Sin embargo, entiende que la informalidad representa un reto para el mercado, ya que un alto porcentaje de la economía es informal, incluyendo los empleos. “Hay barreras estructurales que como país tenemos que enfrentar y propiciar la formalidad”, sostiene.
En lo que respecta al papel de ProCompetencia, considera que muchas personas entienden que su función es únicamente sancionar “y que si nosotros no
sancionamos a los agentes económico, no estamos cumpliendo con nuestro rol y la ley establece una serie de atribuciones y por eso le hablaba del tema de
la abogacía de la competencia”.
Señaló que la legislación obliga a educar en temas de competencia para prevenir que haya, por ejemplo, barreras de entrada, ya que a fin de cuentas
son las barreras más difíciles de sortear.
LOS RETADORES
La presidente de ProCompetencia admite que en todos los mercados siempre habrá sectores más retadores que otros.
Obviamente, afirma, los más difíciles son los que presentan mayor concentración porque son los que tienden justamente a incurrir en prácticas anticompetitivas. En este orden, recordó que hace seis meses se puso en circulación un observatorio a través del cual se monitorea el mercado.
“Hay sectores que aparecen, por ejemplo, en alerta roja, siguiendo los criterios que tenemos en el semáforo. Hay una serie de criterios que se establecen en el semáforo para determinar el nivel de concentración y entonces, a partir de ahí, se ponen en rojo, amarillo o verde, pero eso va cambiando dependiendo
de cómo fluye el mercado”, explicó. Sin embargo, refiere que están los llamados “monopolios naturales”, los cuales se dan por
la eficiencia económica y posición dominante, producto de su buen desempeño en el mercado en que operan.
Fuente: El Dinero